La Justicia Argentina

El arte de llegar tarde, o mejor dicho, de no llegar nunca

En Argentina, la justicia no es ciega: es inválida…

…o al menos lo parece, porque es muy lenta. Tan lenta que, a veces, cuando finalmente llega, ya no importa. Y ese es el corazón del problema. No se trata solo de fallos polémicos o de nombres propios que ocupan titulares; se trata de un sistema que, estructuralmente, parece diseñado para no cumplir su función esencial: resolver conflictos en tiempo y forma.

La demora crónica en los procesos judiciales —solo en algunos, curiosamente— no es un detalle técnico. Es una forma de injusticia. Un expediente que duerme años, cajoneado en un juzgado, no es un trámite pendiente: es una vida en pausa, un derecho vulnerado, una señal de que el Estado no está donde debería estar. La lentitud erosiona la confianza pública y alimenta la percepción —cada vez más extendida— de que “nada cambia” y “todo da lo mismo”.

El exceso de formalismos es otro síntoma de un aparato que prioriza la liturgia por encima del sentido común. Formularios, plazos, escritos, sellos, pasos intermedios que parecen existir solo para justificar su propia existencia. En un país donde la tecnología podría agilizar procesos, la digitalización avanza a los tumbos, sin una estrategia integral y con enormes desigualdades entre jurisdicciones.

La transparencia tampoco es el fuerte del sistema. La selección, evaluación y sanción de jueces y fiscales sigue siendo un terreno opaco, difícil de auditar y aún más difícil de explicar. La falta de claridad alimenta sospechas, y las sospechas, en un contexto de desconfianza generalizada, terminan convirtiéndose en certezas sociales.

Por eso, la promoción y designación de jueces y fiscales debería partir de una premisa básica y casi obvia: legajos impolutos. Trayectorias profesionales sin sombras, sin conflictos de interés, sin cuestionamientos éticos serios. Y si el sistema no lograra encontrar candidatos absolutamente intachables —lo cual ya sería un síntoma preocupante— entonces al menos debería aplicar un criterio elemental: elegir a los menos objetados, a aquellos cuya trayectoria genere la mayor confianza pública posible. La legitimidad de la justicia comienza mucho antes de una sentencia: empieza en la calidad moral y profesional de quienes la ejercen.

La justicia, además, muchas veces es como abusiva. Hace uso y abuso de su poder. Entonces la ciudadanía no entiende qué pasa, por qué pasa ni cuánto falta para que pase. Y cuando un poder del Estado se vuelve incomprensible, pierde su capacidad de representar y proteger.

En este gobierno —y también en otros— hemos visto decretos de necesidad y urgencia, leyes, ordenanzas y toda clase de vericuetos jurídicos que chocan de frente con la Constitución. Y, sin embargo, la respuesta institucional suele ser lenta, tibia o directamente inexistente. Mientras tanto, las normas siguen produciendo efectos y daños irreparables.

Por eso, además de reformas procesales y administrativas, quizás haya llegado el momento de discutir una institución que muchas democracias ya tienen: un verdadero Tribunal Constitucional. Un órgano especializado cuya única función sea revisar la constitucionalidad de leyes, decretos y actos del poder público, con procedimientos ágiles y plazos claros y breves. Un tribunal que no espere años para decidir si una norma viola la Constitución, porque cuando ese control llega tarde, el daño ya está hecho.

Un tribunal de estas características no reemplazaría a la justicia ordinaria, pero sí podría actuar como una garantía institucional frente a abusos normativos y conflictos constitucionales urgentes. Sería, en definitiva, un mecanismo para evitar que la Constitución dependa de tiempos judiciales que parecen más propios de la geología que del derecho.

Porque cuando la justicia tarda demasiado, no solo falla en resolver un caso: falla en sostener el pacto democrático.

La justicia argentina necesita una reforma profunda, pero no solo normativa: necesita una reforma cultural. Una que entienda que la justicia no es un edificio, ni un expediente, ni un ritual. Es un servicio público. Y como tal, debe ser accesible, previsible, transparente y, sobre todo, rápida.

Porque una justicia que llega tarde no es justicia.

Es apenas un eco burocrático de lo que debería haber sido.

Y cuando la justicia no llega —o llega demasiado tarde— y tampoco juzga a los jueces y fiscales corruptos, lo que queda no es orden, y mucho menos institucionalidad. Lo que queda es algo mucho más peligroso: la sensación de que la ley ya no protege a nadie. O peor aún, que protege solo a los poderosos, entre los que muchas veces se encuentran jueces y fiscales.

Y cuando una sociedad empieza a creer eso, la democracia empieza a resquebrajarse.